La Constitución canadiense, que incluye una carta de derechos y libertades, tiene precedencia sobre toda otra legislación canadiense. A su vez, la legislación canadiense constituye la base de la acción administrativa.

La inversión extranjera en Canadá está sujeta a obligaciones multilaterales (como por ejemplo, a través de la OCDE y la OMC) y, más recientemente, a las obligaciones contenidas en los acuerdos regionales y bilaterales (el TLCAN, los acuerdos de protección de la inversión extranjera). Cuando es necesario, la legislación interna existente es enmendada para adecuarla a las obligaciones internacionales. De esta manera, el análisis de las obligaciones canadienses en materia de inversión extranjera contenidas, digamos, en el Capítulo 11 del TLCAN, proporcionará una idea clara de los compromisos en cuanto al acceso y la protección de las inversiones extranjeras.

La única ley nacional de aplicación general con respecto a la inversión extranjera es la Ley de Inversiones de Canadá. Además de esta ley, existen varias leyes federales y provinciales que se aplican a determinados sectores de la industria. Al nivel federal, por ejemplo, existen la Ley de Bancos, la Ley Nacional de Transporte, y la Ley de Radiodifusión. La Ley de Sociedades Comerciales de Canadá también contiene disposiciones relacionadas con la administración y el capital en las empresas constituidas de acuerdo con las leyes federales del país.

El establecimiento de nuevas inversiones en Canadá por parte de un inversionista que realiza su primera inversión en el país o el establecimiento de nuevas actividades por parte de un inversionista existente cuando estas nuevas actividades no se relacionan con actividades existentes, está sujeto a un procedimiento directo de notificación, pero en general no está sujeto a revisión en el marco de la ley. Existen algunas excepciones, que se resumen en esta sección y en la sección sobre sectores restringidos (3.3).

En el caso de que el inversionista o vendedor no canadiense esté en última instancia controlado en un país de la Organización Mundial de Comercio (OMC), sólo la adquisición directa de control de una empresa canadiense que tenga activos iguales o superiores a $160 millones constituye una transacción sujeta a revisión. Esta cifra se ajusta anualmente para reflejar el crecimiento económico en Canadá.

Cuando el inversionista y vendedor no canadiense están en última instancia controlados en un país que no pertenece a la OMC, la adquisición directa de control de una empresa canadiense que tenga activos superiores a los $5 millones está sujeta a revisión, y la adquisición indirecta de control de una empresa canadiense que posea activos superiores a los $50 millones está sujeta a revisión. Estos umbrales de revisión son fijos y no se ajustan.

Las adquisiciones en las cuales la empresa canadiense pertenece a uno de los siguientes cuatro sectores (industrias culturales, servicios financieros, servicios de transporte y producción de uranio) están sujetas a los umbrales inferiores independientemente de la nacionalidad del inversionista o el vendedor. Las adquisiciones en industrias culturales tales como publicación y distribución de libros, revistas, videos, grabaciones musicales, etc., inferiores a estos umbrales y el establecimiento de nuevas actividades en estas industrias culturales pueden estar sujetas a revisión, si el gobierno así lo decide.

Las inversiones sujetas a revisión pueden continuar sus actividades si éstas probablemente representen un "beneficio neto" para Canadá. Desde que se estableció el sistema de revisión de acuerdo con la Ley, ninguna inversión sujeta a revisión ha sido denegada.

Los inversionistas de la OMC que adquieren directamente una empresa canadiense con activos de menos de $160 millones o los inversionistas que no pertenecen a la OMC que adquieren directamente una empresa canadiense con activos de menos de $5 millones, deben notificarlo a Industrias Canadienses, aun cuando estas inversiones no están sujetas a revisión. Todas las adquisiciones indirectas de inversionistas de la OMC son notificables, así como las adquisiciones indirectas por parte de inversionistas que no pertenecen a la OMC, cuando los activos canadienses a adquirirse sean inferiores a $50 millones.

También es notificable el establecimiento de nuevas actividades en Canadá por parte de un inversionista que efectúa su primera inversión en Canadá o el establecimiento de nuevas actividades por parte de un inversionista existente cuando dichas nuevas actividades no estén relacionadas con cualquier actividad existente en Canadá. En estos casos, el inversionista debe notificar a Industrias Canadienses y proporcionar algunos detalles de la inversión.

Existen muchos tipos de inversiones a las cuales no se aplica la Ley de Inversiones de Canadá. Por ejemplo, las compras de bonos, acciones u otros instrumentos de inversión canadienses que no involucran la adquisición de control no están sujetas a revisión o notificación, ni tampoco las adquisiciones de activos que no constituyen una empresa. Las inversiones en empresas relacionadas con las ya existentes, por ejemplo, si una empresa manufacturera amplía una planta o una empresa minera abre una nueva mina, tampoco están sujetas a revisión o notificación.

Para asegurar la pronta revisión y decisión, la Ley establece ciertos plazos al Ministro. Dentro de los cuarenta y cinco días posteriores a la recepción de la aplicación completa, el inversionista debe ser notificado de que el Ministro 1) está satisfecho de que la inversión probablemente produzca un beneficio neto a Canadá; o 2) no puede completar la revisión, en cuyo caso serán necesarios treinta días adicionales para su cumplimiento (a menos que el solicitante convenga un plazo mayor); o 3) no está satisfecho de que la inversión probablemente represente un beneficio neto para Canadá.

Si hubieran transcurrido cuarenta y cinco días desde la fecha de cumplimiento sin que hubiera tal notificación, o si hubieran transcurrido treinta días adicionales (o un número mayor de días convenido) después de la notificación de que el ministro no puede completar la revisión y no se hubiese tomado ninguna decisión, se considera que el ministro está satisfecho de que la inversión probablemente represente un beneficio neto para Canadá. El período promedio de tiempo para procesar una solicitud de inversión es de alrededor de cuarenta días.

Cuando se le ha avisado de que el ministro no está satisfecho de que la inversión probablemente represente un beneficio neto para Canadá, el solicitante tiene el derecho de efectuar una petición y presentarla dentro de los treinta días de la fecha de la notificación (o cualquier otro período convenido entre el solicitante y el ministro). A la expiración de dicho plazo de treinta días (o de la extensión acordada) el solicitante debe ser notificado de que el ministro 1) está satisfecho de que la inversión probablemente represente un beneficio neto a Canadá, o 2) confirma que la inversión probablemente no represente un beneficio neto para Canadá. En este último caso, el solicitante no puede realizar la inversión o, si ésta ya ha sido llevada a cabo, debe renunciar al control de la empresa canadiense.

Sí. De acuerdo con la Ley de Inversiones de Canadá, existen varias definiciones con respecto a los procedimientos de revisión, que en su conjunto definen y conceptualizan los "conceptos y principios" de la inversión extranjera.

En primer lugar, el término "inversionista" se define como una persona no canadiense que debe notificar una inversión en el marco de los procedimientos de notificación de inversiones de la ley, o un ciudadano no canadiense que debe presentar una solicitud de revisión de una inversión en el marco de los procedimientos de revisión de inversiones contenidos en la ley.

Se define como "no canadiense" a una persona, un gobierno o alguno de sus organismos, o una entidad que no sean canadienses; en consecuencia, debe comprenderse la definición de "canadiense" para poder identificar a un no canadiense. Se define a un "canadiense" como: 1) un ciudadano canadiense (ya sea que resida o no en Canadá) o un residente permanente que cumple ciertas condiciones; 2) un gobierno canadiense (federal, provincial o local) o uno de sus organismos; o 3) una entidad controlada por canadienses.

Se entiende por "entidad": 1) una sociedad que es una persona jurídica, con o sin capital accionario; 2) una sociedad de personas; 3) un fideicomiso; o 4) una empresa conjunta, que es una asociación de dos o más personas o entidades, cuya relación no puede considerarse una sociedad, una sociedad de personas o un fideicomiso, y en la que, cuando se aplica la ley, todo el interés propietario indiviso en los activos del negocio canadiense o en el derecho de votación de la entidad objeto de la inversión es, o será, de propiedad de la empresa conjunta.

El término "empresa" se define como cualquier empresa o emprendimiento capaz de generar ingresos y que se lleva a cabo con fines de lucro. Una "empresa canadiense" se define como una que lleva a cabo sus actividades en Canadá y que: 1) tiene domicilio en Canadá; 2) tiene en Canadá por lo menos una persona empleada o que trabaja por cuenta propia en conexión con esa empresa; y 3) posee activos en Canadá que se utilizan para llevar a cabo esas actividades. Como resultado, para ser considerada una "empresa canadiense", una actividad debe en primer lugar satisfacer las condiciones de ambas definiciones (en decir, de "empresa" y de "empresa canadiense").

Para que se aplique la Ley de Inversiones de Canadá con respecto a la revisión de una inversión en una empresa canadiense existente, deben cumplirse varias condiciones. Tres de las más importantes son: 1) que exista una adquisición de control; 2) que la adquisición de control sea de una empresa canadiense; y 3) que dicha adquisición de control sea realizada por una persona no canadiense, puesto que las inversiones efectuadas por canadienses no están sujetas a la ley.

La "adquisición de control" constituye una de las bases más importantes de la Ley de Inversiones de Canadá. Provoca la aplicación de la Ley. Distingue entre inversión directa e inversión de cartera. La definición del concepto de "adquisición de control" es crucial y se obtiene a través de una descripción de los métodos utilizados para adquirir el control y una lista de normas y supuestos. Una transacción que involucra, por parte de una persona no canadiense, la adquisición de activos o acciones u otros derechos de voto, relacionados con una "empresa canadiense" no estarán sujetos a revisión de acuerdo con las normas contenidas en la Ley. El "control" de una empresa canadiense sólo puede adquirirse a través de la adquisición de acciones con derecho a voto, derecho a voto o activos, como sigue:

1) Mediante la adquisición de acciones con derecho a voto de una sociedad constituida en Canadá y que lleva a cabo actividades canadienses.

2) Mediante la adquisición del derecho a voto en una entidad que lleva a cabo negocios canadienses o a través de la adquisición del derecho a voto en una entidad que controla, directa o indirectamente, a otra entidad que lleva a cabo actividades canadienses cuando no existe adquisición de control de una sociedad (véanse otras disposiciones de la ley).

3) A través de la adquisición de todos, o un número sustancial, de los activos utilizados para llevar a cabo tales actividades canadienses.

Cualquier otro tipo de adquisición que no se ajuste a una de las descripciones antes señaladas no constituye una adquisición de control dentro del significado de la Ley. La Ley establece varias normas y supuestos que determinan si la adquisición de control de una sociedad o de otra entidad constituye adquisición del control de la sociedad u otra entidad en cuestión.

Las personas y las entidades no canadienses están sujetas a la Ley de Inversiones de Canadá.

La Ley de Inversiones de Canadá no se aplica a los ciudadanos canadienses.

No se aplica.

Ninguno.

Canadá no impone requisitos de nacionalidad para los empleados o el personal directivo (por ejemplo, no existe un requisito de que un determinado porcentaje de empleados de una empresa deban ser canadienses). Sin embargo, el TLCAN establece que una Parte puede imponer el requisito de que la mayoría de los miembros del directorio de una empresa deban ser nacionales o residentes, si este requisito no obstaculiza la capacidad de un inversionista para ejercer control sobre su inversión. Igualmente, también en el marco del TLCAN, Canadá se ha reservado el derecho de imponer restricciones a la propiedad extranjera, así como requisitos de nacionalidad y residencia, con respecto a los principales directivos y miembros del directorio en casos de privatización de empresas de la Corona y activos del gobierno.

La Ley de Sociedades Comerciales de Canadá requiere que una mayoría absoluta de los miembros del directorio o de los comités del mismo, en una sociedad constituida de acuerdo con las leyes federales, sean residentes canadienses. "Residente canadiense" significa una persona que es un ciudadano canadiense que reside habitualmente en Canadá, un ciudadano que es miembro de una clase establecida en el Reglamento de la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá, o un residente permanente tal como lo define la Ley de Inmigración, que no sea alguien que haya sido habitualmente residente de Canadá por más de un año después de haberse convertido en elegible para solicitar la ciudadanía canadiense.

De acuerdo con la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá, el Gobierno de Canadá puede adoptar o mantener medidas relacionadas con la nacionalidad de los principales directivos o miembros del directorio. Con respecto a la repatriación de ganancias, no existen controles de cambio en Canadá. La repatriación de capital no está sujeta a restricciones y la transferencia de utilidades y dividendos no está restringida en el Canadá, aunque se aplican retenciones de impuestos.

Si bien la economía canadiense está sujeta a reglamentaciones federales, el principio que rige a la sociedad canadiense es la libertad económica.

Reconociendo que un mayor capital y tecnología beneficiaría a Canadá, la legislación canadiense sobre inversiones tiene por objeto estimular la inversión en Canadá por parte de canadienses y no canadienses que contribuyan al crecimiento económico y a las oportunidades de empleo y contempla la revisión de inversiones significativas en Canadá por parte de no canadienses, con el fin de asegurar tales beneficios para el país. Además, Canadá, en virtud de sus obligaciones jurídicas internacionales, está comprometido a los principios de tratamiento nacional y de nación más favorecida.

En Canadá operan varias empresas estatales, denominadas Empresas de la Corona. Varias de éstas son de naturaleza "comercial" y compiten en un pie de igualdad dentro de la economía canadiense. Otras cuentan con preferencias reglamentadas basadas en propósitos públicos.

Para fines de revisión en el marco de la Ley de Inversiones de Canadá, los "activos" incluyen bienes tangibles e intangibles de cualquier valor que pertenecen en su totalidad o en forma sustancial a una empresa canadiense. El valor de los activos adquiridos se calcula utilizando los estados financieros de la empresa canadiense adquirida.

En el marco del acuerdo bilateral modelo de protección de Canadá, "inversión" significa cualquier tipo de activo de propiedad o controlado directa o indirectamente a través de un inversionista de un tercer Estado, o de un inversionista de una de las Partes Contratantes en el territorio de la otra Parte Contratante, de acuerdo con las leyes de esta última y, en particular, aunque no exclusivamente, incluye:

1) bienes muebles e inmuebles y cualquier derecho de propiedad conexo, como hipotecas, privilegios o prendas;

2) acciones, bonos y obligaciones o cualquier otra forma de participación en una compañía, empresa comercial o empresa conjunta;

3) moneda, derechos sobre moneda y derechos en virtud de contratos que tienen un valor comercial;

4) valor llave;

5) derechos de propiedad intelectual;

6) derechos, conferidos por ley o por contrato, a llevar a cabo cualquier actividad económica o comercial, incluso cualquier derecho a explorar, cultivar, extraer o explotar recursos naturales pero no significa bienes raíces u otros bienes tangibles o intangibles, que no hayan sido adquiridos con la expectativa o utilizados con fines de beneficio económico u otros propósitos comerciales.

En Canadá no existen sectores económicos que estén reservados exclusivamente para el Estado, pero existen algunos aspectos de las actividades económicas que son llevadas a cabo por el Estado como parte de la ejecución de la política pública existente. También debe señalarse que la mayor parte de los aspectos de la actividad económica llevada a cabo por Canadá también puede ser llevada a cabo por el sector privado, y que Canadá está reconsiderando activamente su participación en muchas actividades económicas.

Ciertos requisitos canadienses se relacionan con la inversión extranjera. Varios de ellos se aplican a todos los sectores. Existen restricciones específicas sobre la inversión extranjera en actividades culturales, servicios financieros, pesca, transporte, telecomunicaciones y extracción de uranio.

En su mayor parte, las restricciones sectoriales canadienses son congruentes con las restricciones sectoriales que existen en otros países. En general, Canadá mantiene su compromiso en favor de una política abierta de inversiones.

Requisitos generales. Todos los sectores

1) Directorio

La Ley de Sociedades Comerciales de Canadá requiere que la mayoría absoluta de los miembros del directorio, o de un comité del mismo, en una sociedad constituida de acuerdo con las leyes federales, sean residentes canadienses. "Residente canadiense" significa una persona que es ciudadana del Canadá que reside habitualmente en Canadá, un ciudadano que es miembro de una clase establecida en el Reglamento de la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá, o un residente permanente tal como se define en la Ley de Inmigración, a diferencia de alguien que ha sido habitualmente residente de Canadá por más de un año después de haber pasado a ser elegible para solicitar la ciudadanía canadiense.

2) Emisión, transferencia, propiedad de acciones.

La Ley de Sociedades Comerciales de Canadá permite a las sociedades "limitar" la emisión, transferencia y propiedad de aciones en las sociedades constituidas de acuerdo con las leyes federales. El objeto es permitir a las sociedades satisfacer los requisitos canadienses de propiedad, en virtud de ciertas leyes establecidas en el Reglamento de la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá, en sectores en los cuales tal propiedad es requerida como condición para operar o para recibir licencias, permisos, donaciones, pagos u otros beneficios.

1) Agricultura.

Los préstamos de la Corporación de Crédito Agrícola sólo pueden ser efectuados a:

a) Personas que sean ciudadanos canadienses o residentes permanentes.

b) Empresas agrícolas controladas por ciudadanos canadienses o residentes permanentes.

c) Asociaciones cooperativas agrícolas, en las cuales la totalidad de los miembros sean ciudadanos canadienses o residentes permanentes.

2) Industrias de servicios comerciales.

3) Cultura.

4) Energía.

5) Servicios financieros.

6) Pesca.

7) Radiodifusión y telecomunicaciones.

b) Empresas públicas de telecomunicaciones.

8) Transporte.

b) Transporte marítimo

1) Ciudadano canadiense o ciudadano de un país que pertenece a la Comunidad Británica de Naciones.

2) Una sociedad constituida de acuerdo con las leyes respectivas y que esté domiciliada en Canadá o en un país de la Comunidad Británica de Naciones.

Rige el principio de reciprocidad internacional de acuerdo con los instrumentos jurídicos internacionales de los cuales Canadá sea parte.

De acuerdo con la Ley de Inversiones de Canadá, cuando el ministro no esté satisfecho de que la inversión probablemente resulte en beneficio neto de Canadá, requerirá que el solicitante presente una petición que refuerce la solicitud.

Las únicas excepciones a los derechos aduaneros condicionadas, explícita o implícitamente, al cumplimiento de requisitos de desempeño, que puede otorgar Canadá, se relacionan con los fabricantes de bienes automotores en el marco del Pacto Automovilístico entre Canadá y los Estados Unidos, establecido en el capítulo 10 del Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y los Estados Unidos, y el TLCAN.

No existe una política general canadiense sobre métodos de privatización, incluida la participación extranjera en la privatización. La más reciente privatización de ferrocarriles de propiedad nacional, que fue de escala masiva, no tenía limitaciones sobre la propiedad extranjera. Cada privatización se lleva a cabo sobre una base individual.

Al vender o enajenar su interés en el capital o en los activos de una empresa estatal existente o de una entidad gubernamental existente, el Gobierno de Canadá puede imponer limitaciones a la propiedad de tales intereses o activos, y sobre la capacidad de los propietarios de los mismos para controlar cualquier empresa resultante por parte de inversionistas no residentes. El Gobierno de Canadá también puede adoptar o mantener medidas relacionadas con la nacionalidad de la administración superior o los miembros del directorio de tales empresas.

Las inversiones extranjeras reciben el tratamiento nacional y de nación más favorecida de acuerdo con los convenios internacionales suscritos por Canadá que abarcan inversiones (por ejemplo, OMC, TLCAN, acuerdos bilaterales de protección). Estos acuerdos internacionales contienen algunas derogaciones de estos principios, que están claramente especificadas en los mismos.

A nivel federal y provincial, existe legislación que otorga autoridad para expropiar por razones de utilidad pública, de acuerdo con la legislación vigente, sujeta a compensación. En todas las circunstancias, la parte expropiada tiene derecho a un proceso jurídico equitativo para la determinación de dicha compensación.

Si el primer intento de las autoridades por llegar a un acuerdo sobre la compensación apropiada fracasa, la acción se somete al proceso judicial. La compensación se basa en su justo valor de mercado. Los criterios de valuación están determinados por los tribunales y pueden incluir el valor en libros, el valor de una empresa en marcha, y otros criterios.

Sí, sujeto a la obligación de proporcionar una compensación apropiada (véase 4.2 (b)).

Sí, los bienes tangibles e intangibles están protegidos en la misma forma. Además, los acuerdos sobre inversiones internacionales celebrados por Canadá, como el TLCAN y el acuerdo modelo bilateral de protección de inversiones de Canadá, contemplan la protección de los bienes tangibles e intangibles.

Las siguientes leyes federales se relacionan con la protección de la propiedad intelectual en Canadá:

Ley de Propiedad Intelectual.

Ley de Diseño Industrial.

Ley de Tipografía de Circuito Integrado.

Ley de Patentes.

Ley de Marcas.

Ley de Derechos de Cultivadores de Plantas.

No existen restricciones cambiarias sobre la afluencia de capitales extranjeros.

No.

No.

Los inversionistas extranjeros que realizan negocios en Canadá están sujetos a las mismas normas tributarias que otras empresas. Las empresas residentes en Canadá están sujetas a impuestos sobre la renta de las sociedades, que generalmente se imponen en forma similar independientemente de que la sociedad sea de propiedad o esté controlada por inversionistas canadienses o extranjeros. Las empresas residentes son gravadas sobre la base de su ingreso mundial. Los inversionistas extranjeros que llevan a cabo negocios a través de sucursales canadienses de empresas no residentes son gravadas en Canadá sobre la base del ingreso obtenido en Canadá.

Se aplica un impuesto a las rentas generales a las utilidades de las empresas (beneficios, dividendos) a una tasa del 29,12% (28% estatutaria, más una sobre tasa del 4%). Esta tasa se reduce al 22,12% en el caso de las actividades de fabricación y procesamiento, y al 13,12% en el caso de los ingresos de pequeñas empresas (por ejemplo, ingresos imponibles que no excedan de $200.000 generados por empresas privadas controladas por canadienses). Debe señalarse que los impuestos a la renta se basan en la residencia: una empresa residente canadiense está sujeta a impuesto a la renta sobre sus ingresos en todo el mundo, independientemente de que sea propiedad de inversionistas canadienses o extranjeros. Los inversionistas extranjeros que llevan a cabo negocios en Canadá a través de sucursales en vez de sociedades, están sujetos a impuesto sobre los ingresos generados solamente en Canadá.

No se aplica al sistema canadiense.

Una empresa puede deducir los dividendos recibidos de otra empresa (por ejemplo, los dividendos entre empresas) sobre la base de que las utilidades de las cuales se pagan los dividendos fueron gravadas cuando fueron obtenidas por la empresa pagadora. Cuando los dividendos se distribuyen a accionistas individuales, el crédito impositivo sobre los dividendos asegura la integración del sistema tributario de la sociedad y las rentas individuales; los dividendos recibidos, con adición del 25%, se incluyen en el ingreso imponible, y puede deducirse del impuesto un crédito impositivo del 13 1/3% (o sea, de alrededor del 25% del impuesto federal/provincial combinado).

En general se aplica una retención impositiva del 25% sobre los intereses pagados por residentes canadienses a acreedores extranjeros, pagos por cuenta de rentas, regalías y otros pagos similares. Esta renta se reduce en el caso de los pagos efectuados a residentes de un país con el cual Canadá haya celebrado un tratado bilateral sobre impuestos; la tasa mínima es del 10%.

En general, se aplica una retención impositiva del 15% sobre los honorarios, comisiones u otros montos pagados por servicios prestados en Canadá por no residentes.

En general, los gastos de inversión en activos tangibles pueden no ser deducibles del ingreso imponible en el año en que se han incurrido. Se deducen a lo largo de varios años sobre una base de saldos decrecientes como "asignación por costo de capital". En el sistema de asignación por costo de capital, los activos tangibles se clasifican en "clases"; cada clase tiene una diferente tasa de depreciación. Existen 43 clases diferentes y las tasas oscilan entre el 1% y el 100%; las principales clases son edificios y otras estructuras, que se deprecian al 5%, y maquinarias y equipos, que se deprecian al 25%.

No existen normas tributarias especiales para la inversión extranjera.

Canadá ha celebrado acuerdos de doble imposición que se hallan en vigencia con los siguientes países: Estados Unidos, México, Argentina, Brasil, Guyana, Barbados, la República Dominicana, Jamaica y Trinidad y Tobago.

Las empresas canadienses y no canadienses gozan de varios programas federales de incentivos. Los inversionistas extranjeros no gozan de incentivos federales específicos.

Sí, los inversionistas extranjeros y nacionales tienen igual acceso a los procedimientos jurídicos en Canadá. Además, de acuerdo con el TLCAN y varios acuerdos bilaterales sobre inversiones, los inversionistas extranjeros pueden apelar a mecanismos internacionales de arbitraje.

Canadá forma parte de la Convención sobre el Reconocimiento y la Aplicación de Laudos Arbitrales Extranjeros (el "Convenio de Nueva York") aprobado en Nueva York el 10 de junio de 1958, que entró en vigencia en Canadá el 12 de mayo de 1986. Canadá contempla la utilización de las Normas sobre Servicios Adicionales del CIADI y las Normas sobre Arbitraje de la CNUDMI en sus acuerdos bilaterales de protección de inversiones y en el TLCAN.

Sí. Se indica a continuación una lista de los tratados regionales que se refieren a inversiones, en todo o en parte:

Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y los Estados Unidos:

Suscrito el 2 de enero de 1988, entró en vigencia el 1 de enero de 1989.

Tratado de Libre Comercio de América del Norte:

Suscrito el 17 de diciembre de 1992, entró en vigencia el 1 de enero de 1994.

Acuerdo entre los Gobiernos de Canadá y la República Argentina para la Promoción y Protección de Inversiones:

Suscrito el 5 de noviembre de 1991, entró en vigencia el 29 de abril de 1993.

Acuerdo entre los Gobiernos de Canadá y la República Oriental del Uruguay para la Promoción y Protección de Inversiones:

Suscrito el 16 de mayo de 1991, aún no se halla en vigencia.

Acuerdo entre el Gobierno de Canadá y la República de Trinidad y Tobago sobre Promoción y Protección Recíproca de Inversiones:

Suscrito el 11 de septiembre de 1995, aún no se halla en vigencia.

Al considerar la "supremacía o jerarquía jurídica" entre la legislación nacional y los acuerdos internacionales de protección de inversiones "especialmente en el caso de conflictos normativos", es importante señalar que en Canadá, los acuerdos internacionales son de aplicación automática. Canadá pone en práctica sus obligaciones internacionales a través de su legislación nacional.

En cuanto a las obligaciones comerciales de Canadá en el marco del TLCAN y la OMC, la legislación canadiense requiere que la leyes federales que ponen en práctica las disposiciones de estos acuerdos deben interpretarse en forma consistente con los mismos. En términos generales, las decisiones de los tribunales canadienses han establecido que la legislación debe interpretarse de acuerdo con los acuerdos internacionales pertinentes. De esta manera, en los procedimientos jurídicos nacionales, los litigantes que deseen hacer valer los derechos que puedan surgir del TLCAN, la OMC o un acuerdo de protección de inversiones están limitados a recurrir al acuerdo pertinente sólo en circunstancias en las que debe interpretarse la ley nacional respectiva.

Si bien los tribunales canadienses han establecido que la intención claramente expresada de la legislatura debe ponerse en práctica, aun cuando pueda hallarse en conflicto con obligaciones internacionales, el arbitraje internacional entre inversionistas y el Estado derivado del TLCAN o de un acuerdo de protección de inversiones está regido por el acuerdo respectivo y los principios legales que rigen el arbitraje, y existe independientemente de la legislación nacional. Además, de acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre Reconocimiento y Aplicación de Laudos Arbitrales Extranjeros, y con las leyes federales y provinciales, los laudos resultantes de dicho arbitraje internacional son reconocidos y aplicados como si hubieran sido dictados por tribunales nacionales.

Véase la respuesta a la pregunta 5.4.

La Ley de Inversiones de Canadá y la Ley de Sociedades Comerciales de Canadá están administradas por Industrias de Canadá, departamento del gobierno federal, y su Ministro, el Ministro de Industria.

La Oficina del Superintendente de Instituciones Financieras, organismo gubernamental que depende del Ministro de Finanzas, supervisa los bancos, los fideicomisos y las compañías de préstamos constituidas al nivel federal, y las compañías de seguros registradas de acuerdo con las leyes federales. Este organismo examina las solicitudes de las instituciones financieras extranjeras para invertir en Canadá.

La legislación sectorial está administrada directamente por el departamento sectorial pertinente del gobierno federal.